martes, 22 de mayo de 2007


La verdad sobre el Atentado al avión de Barbados


Los hechos
El sabotaje lo ejecutaron dos venezolanos -Freddy Lugo y Hernán Ricardo-, quienes abordaron el avión cubano de pasajeros en la capital de Trinidad y Tobago, el 6 de octubre de 1976. Ocultaron explosivo C-4 en una cámara que el Sr. Ricardo colocó en el baño trasero del avión. Ambos hombres desembarcaron en Barbados, y el avión condenado despegó y estalló poco después, en pleno vuelo, sobre las playas arenosas de Barbados. Murieron las 73 personas que iban a bordo, incluyendo una pasajera embarazada.
La policía de Barbados inmediatamente dirigió su investigación a Lugo y Ricardo y los arrestó pocas horas después del ataque. Al ser interrogados, ambos confesaron e implicaron a otros dos en el plan: Luis Posada Carriles y Orlando Bosch. Las autoridades venezolanas arrestaron a Posada y a Bosch en Caracas. Durante un registro en la casa y en el negocio de Posada Carriles, la policía encontró pruebas que corroboraban las confesiones de los dos hombres en Barbados.
El 25 de agosto de 1977, la jueza Delia Estava Moreno envió el caso de los cuatro a un tribunal militar bajo la acusación de traición. El tribunal militar los absolvió, dando pie al mito de la absolución. Pero esa no es la historia. Más tarde, el Tribunal Militar de Apelaciones decidió que el tribunal militar carecía de jurisdicción para juzgar a los cuatro hombres y anuló el proceso anterior. El juez decidió que “los procesados en el caso del vuelo de Cubana derribado cerca de Barbados el 6 de octubre de 1976 son civiles y los delitos que se les imputan están previstos en el código penal (y no en el militar)”.
“La jurisdicción militar”, dijo el Tribunal, “es aplicable a los militares por infracciones militares. Los civiles y los delitos comunes no están sujetos a las disposiciones del Código de Justicia Militar… El Tribunal Militar considera necesario aclarar que no posee la capacidad procesal subjetiva para realizar el actual proceso judicial”.
El significado del fallo del tribunal
¿Qué significa que el Tribunal “no posee la capacidad procesal” para juzgar el caso? Que el fallo del tribunal inferior es anulado, y que todo los antecedentes del caso son nulos, muy parecido al efecto legal que una anulación tiene en un intento de unión conyugal. Por ejemplo, un divorcio disuelve un matrimonio, mientras una anulación declara legalmente que el matrimonio nunca tuvo lugar.
Los cuatro fueron acusados entonces de homicidio culposo y traición ante un tribunal civil: el Décimo Tribunal Superior del distrito judicial del estado de Miranda. El proceso comenzó como si fuera por primera vez.
La evidencia registrada y la prensa venezolana
La evidencia de ese juicio es voluminosa y está corroborada ahora por documentos recientemente desclasificados por la CIA y el FBI y publicados por los Archivos de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington. Posada Carriles admitió apenas unos días antes del derribo del avión que “Vamos a atacar a un avión cubano, y Orlando (Bosch) tiene todos los detalles”. Los registros del tribunal venezolano contienen declaraciones juradas que confirman que la persona que colocó la bomba en el baño trasero del avión, Hernán Ricardo, admitió haber llamado a Luis Posada Carriles por larga distancia desde Barbados para informarle que la misión de hacer estallar el avión había sido realizada, y se refirió a los pasajeros asesinados como “perros”.
Según un documento del FBI con fecha 21 de octubre de 1976, la organización responsable de la voladura del avión fue CORU (Comando de Organizaciones Revolucionarias Unidas), una organización terrorista fundada unas semanas antes para realizar ataques terroristas en todo el Hemisferio Occidental. Uno de los miembros de CORU, Secundino Carrera, declaró que la “voladura y las muertes resultantes estaban totalmente justificadas porque CORU estaba en guerra con el régimen de Fidel Castro”.


La fuga de Posada de la prisión
La víspera del pronunciamiento de su sentencia el 8 de agosto de 1985, se fugó del penal de San Juan de los Morros, situado en el estado de Guárico, donde había sido confinado después de otros dos intentos de fuga. No se pronunció ningún veredicto contra Posada Carriles, porque según el Código Penal venezolano un procedimiento judicial no puede realizarse sin la presencia del acusado. El tribunal emitió una orden de arresto en su contra.
Sus cómplices, Freddy Lugo y Hernán Ricardo, fueron declarados culpables el 21 de julio de 1986 y condenados a 20 años. El juez redujo la pena hasta su límite menor, “debido a la circunstancia atenuante de que no poseían antecedentes penales”. Sin embargo, Orlando Bosch fue absuelto misteriosamente.


Posada en El Salvador
Después de huir de la prisión venezolana, Posada Carriles reapareció en El Salvador, bajo el alias de “Ramón Medina”, nombre que le concedió el gobierno salvadoreño. Según documentos del FBI publicados por los Archivos de Seguridad Nacional, se convirtió en “director de apoyo” de la ilegal operación de abastecimiento a los contras, realizada por la Casa Blanca de Reagan desde la base aérea de Ilopango en San Salvador. En una declaración de 31 páginas prestada a agentes del FBI en Tegucigalpa, Honduras, como parte de la investigación del fiscal independiente acerca del escándalo Irán-Contras, Posada detalló su participación en estas operaciones encubiertas, incluyendo el vuelo de misiones para reabastecer a soldados contras en el sur de Nicaragua.
Posada Carriles continuó su campaña de terror desde su guarida en la base aérea de Ilopango en San Salvador. En información publicada en The New York Times el 12 de julio de 1998, Posada admitió que él había organizado una serie de sabotajes con bombas que provocaron el asesinato de un turista italiano y heridas a varios otros. En 2004 fue condenado en Panamá por “poner en peligro la seguridad pública” en un complot para asesinar a Fidel Castro con el uso de poderosos explosivos C-4 en la Universidad de Panamá, donde el líder cubano iba a hablar ante un numeroso público de estudiantes. Meses después, fue amnistiado por la Presidenta de Panamá.


Posada Carriles en Texas
Posada arribó a Estados Unidos hace varias semanas y salió a la luz en una conferencia de prensa de capa y espada en Miami el 17 de mayo. El Departamento de Seguridad Interna (dhs) lo arrestó mientras trataba de escapar y lo acusó solamente de “entrada sin inspección”, como si sencillamente hubiera cruzado la frontera de manera ilegal para recoger alcachofas en Salinas. Funcionarios del DHS declararon oficialmente que EEUU no deportará a Posada a Cuba ni a “cualquier otro país que actúe a nombre de Cuba” (una referencia no muy velada a Venezuela).
Pero Venezuela está procurando activamente su extradición. Ha entregado al Departamento de Estado amplias evidencias que cumplen las normas para la extradición: causa probable de que es buscado en Venezuela por una ofensa extraditable bajo el tratado entre Estados Unidos y Venezuela, a saber, homicidio. No ha sido absuelto. Es un fugitivo de la justicia. Los cargos están pendientes y es buscado en Caracas por asesinato en primer grado de 73 personas inocentes.
Posada Carriles es el Osama Bin Laden de Latinoamérica. Si la administración Bush actúa seriamente acerca de la guerra contra el terror, tiene que extraditarlo para que comparezca ante el tribunal por el asesinato de 73 personas que viajaban en aquel avión. En nombre de las víctimas, en nombre de nuestra seguridad y en nombre de la justicia, su campaña de terror tiene que terminar.